En
1989, la Organización de las Naciones Unidas logró que los países que
la integran se comprometieran con el cumplimiento de la Convención de
los Derechos del Niño. A partir de ese año, se celebra cada 20 de
noviembre el Día Universal del Niño. Esta fecha es un símbolo de los
avances que se han conseguido y, al mismo tiempo, un llamado de atención
sobre la situación de aquellos niños, niñas y adolescentes (NNyA) cuyos
derechos siguen siendo vulnerados.
“Garantizar sus derechos nos desafía a articular nuestras acciones entre diferentes actores, y más aún cuando nos enfrentamos a una de las peores formas de violencia: el abuso sexual infantil”, expresaron Santiago Fraga, quien fuera Director Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y Pilar Molina, actual directora del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Según los datos relevados por la Procuración General de la Suprema Corte, en la Provincia de Buenos Aires, en el 2018 se registraron 9.559 NNyA víctimas de delitos contra su integridad sexual sujetos a investigación penal (67,77% del total), de los cuales 79,98% fueron mujeres. Este dato nos muestra sólo aquellos casos que han llegado a denunciarse, pero existen situaciones de abuso que no han sido detectadas o denunciadas.
Ante los graves daños que representa en la vida de los NNyA haber sido víctimas de una situación de abuso sexual, resulta imprescindible e impostergable orientar y ordenar todos los recursos del Estado para erradicar esta problemática. Para ello, se lanzó el “Protocolo Provincial de Prevención, Detección y Abordaje del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas o Adolescentes”, que fue el resultado de más de un año de trabajo interministerial e intersectorial, impulsado y coordinado por el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia.
Este protocolo tiene el objetivo de brindar pautas claras y estrategias de abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional. También se propone ordenar y mejorar las intervenciones, facilitar la coordinación entre los diferentes actores y respetar los ámbitos de competencia de cada uno de ellos, basándose en el principio de corresponsabilidad.
Para favorecer la articulación, fue necesario unificar los criterios de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las acciones e intervenciones dispuestas ante una situación de abuso sexual hacia NNyA. A partir de estos acuerdos, desde la Dirección General de Cultura y Educación se lanzaron diversas acciones de capacitación y formación con alcance a más 10.000 profesionales de la orientación escolar para que el protocolo pueda aplicarse adecuadamente en espacios educativos.
Como educadores, entendemos el abuso sexual en la infancia y adolescencia como una situación de alta complejidad y extrema gravedad. La detección temprana de las situaciones de este tipo, convocan a las escuelas y a los docentes a abordarlas no sólo al interior de las instituciones, sino a través de la construcción y el fortalecimiento de redes comunitarias que garanticen la plena restitución de los derechos vulnerados.
El protocolo permite visibilizar situaciones de vulneración de derechos en el ámbito educativo, familiar o social desde una dimensión preventiva. Además, brinda a los docentes bonaerenses herramientas claras para actuar ante una presunción de abuso sexual, y aclara cuáles son los pasos que debe seguir para prevenir, abordar o evitar que la situación de abuso continúe.
Desde la Provincia de Buenos Aires esperamos que otras jurisdicciones acompañen y continúen este espíritu de colaboración, porque trabajar juntos y de manera articulada es el único modo de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
“Garantizar sus derechos nos desafía a articular nuestras acciones entre diferentes actores, y más aún cuando nos enfrentamos a una de las peores formas de violencia: el abuso sexual infantil”, expresaron Santiago Fraga, quien fuera Director Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y Pilar Molina, actual directora del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Según los datos relevados por la Procuración General de la Suprema Corte, en la Provincia de Buenos Aires, en el 2018 se registraron 9.559 NNyA víctimas de delitos contra su integridad sexual sujetos a investigación penal (67,77% del total), de los cuales 79,98% fueron mujeres. Este dato nos muestra sólo aquellos casos que han llegado a denunciarse, pero existen situaciones de abuso que no han sido detectadas o denunciadas.
Ante los graves daños que representa en la vida de los NNyA haber sido víctimas de una situación de abuso sexual, resulta imprescindible e impostergable orientar y ordenar todos los recursos del Estado para erradicar esta problemática. Para ello, se lanzó el “Protocolo Provincial de Prevención, Detección y Abordaje del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas o Adolescentes”, que fue el resultado de más de un año de trabajo interministerial e intersectorial, impulsado y coordinado por el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia.
Este protocolo tiene el objetivo de brindar pautas claras y estrategias de abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional. También se propone ordenar y mejorar las intervenciones, facilitar la coordinación entre los diferentes actores y respetar los ámbitos de competencia de cada uno de ellos, basándose en el principio de corresponsabilidad.
Para favorecer la articulación, fue necesario unificar los criterios de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las acciones e intervenciones dispuestas ante una situación de abuso sexual hacia NNyA. A partir de estos acuerdos, desde la Dirección General de Cultura y Educación se lanzaron diversas acciones de capacitación y formación con alcance a más 10.000 profesionales de la orientación escolar para que el protocolo pueda aplicarse adecuadamente en espacios educativos.
Como educadores, entendemos el abuso sexual en la infancia y adolescencia como una situación de alta complejidad y extrema gravedad. La detección temprana de las situaciones de este tipo, convocan a las escuelas y a los docentes a abordarlas no sólo al interior de las instituciones, sino a través de la construcción y el fortalecimiento de redes comunitarias que garanticen la plena restitución de los derechos vulnerados.
El protocolo permite visibilizar situaciones de vulneración de derechos en el ámbito educativo, familiar o social desde una dimensión preventiva. Además, brinda a los docentes bonaerenses herramientas claras para actuar ante una presunción de abuso sexual, y aclara cuáles son los pasos que debe seguir para prevenir, abordar o evitar que la situación de abuso continúe.
Desde la Provincia de Buenos Aires esperamos que otras jurisdicciones acompañen y continúen este espíritu de colaboración, porque trabajar juntos y de manera articulada es el único modo de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
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